Artículo de opinión: Josep Gisbert
Podría decir que nunca las leyes se hacen pensando en los pequeños. Posiblemente sería injusto, por lo taxativo de la afirmación. Pero bien es cierto que demasiadas veces las disposiciones legales no han tenido en cuenta suficientemente las diferencias de partida, menos aún las discriminaciones positivas necesarias que permitan hacerlos más iguales en oportunidades.
A pesar de ello, no sería justo no reconocer, aunque quede mucho camino, que ha habido avances en líneas generales y la lucha por la igualdad de las diferentes categorías sociales, ya sean de clase o de género, ha cosechado importantes victorias, al menos sobre el papel.
Sin embargo, a nivel de territorios la cosa ha ido mucho más lenta. Incluso en algunos momentos se ha producido más una involución que una evolución, por ejemplo con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL) que, bajo ese nombre tan loable, esconde un recorte de autonomía y competencias a los municipios en general y a los más pequeños en particular.
Si además tenemos en cuenta que uno de los intentos más serios por abordar de una manera integral el desarrollo de las zonas más desfavorecidas, como fue Ley de desarrollo sostenible del medio rural, con el cambio de gobierno central, murió al poco de nacer; que los programas LEADER podrían haber sido mucho más si hubieran tenido más recursos y que los fondos FEDER destinados a las regiones deprimidas no se han invertido mayoritariamente en las zonas más desfavorecidas de las mismas, sino en las más dinámicas, lo que es del todo injusto, resulta que lo que decíamos al principio tiene una parte de razón al menos.
Nuestra Comunidad Valenciana cuenta con un total de 542 municipios. Un total de 386, un 71%, tiene menos de 5.000 habitantes, los cuales sólo concentran el 9% de la población; y de ellos 219 menos de mil habitantes. Estos 219 municipios que son aproximadamente el 40% del total, sólo suman 88.027 personas, el 1,8% de la población total. Esta es la realidad Valenciana, más exagerada todavía en la provincia de Castellón.
Ante la misma, además del derecho al pataleo y a la exigencia de un trato justo y equitativo, a los pequeños les queda como salida el trabajo en equipo. En ese sentido, las mancomunidades de municipios son una fórmula no sólo para la prestación conjunta de servicios sino también para plantear proyectos de desarrollo del territorio. Mancomunadamente podemos gestionar con mayor eficiencia, podemos conservar la autonomía municipal al no desprendernos de competencias que resultarían una quimera si los pequeños municipios pretendieran ejercerlas por si solos; mancomunadamente también podemos tener una visión más holística de las políticas necesarias para nuestro territorio y podemos plantear soluciones a medio y largo plazo a los problemas del mismo; mancomunadamente podemos tejer una potente red que mejore las condiciones de vida de nuestros vecinos y podemos dar una alternativa solvente al actual modelo de las diputaciones provinciales; en fin, mancomunadamente podemos reclamar también una mayor descentralización de la autonomía y asumir nuevas competencias.
La capacidad de las mancomunidades ha sido una de las cosas que hemos tenido en cuenta desde la Agencia Valenciana del Turismo a la hora de poner en marcha los planes de “Dinamización y Gobernanza Turística”. Se trata de unos planes en los que tres administraciones, la autonómica a través de la Agencia Valenciana del Turismo; la local-provincial, a través de la Diputación y la local-municipal a través de una Mancomunidad, nos ponemos de acuerdo para aportar recursos y desarrollar las estrategias. Cada administración aporta una cantidad de dinero cada año durante tres, hasta alcanzar la cantidad gene 300.000 euros por administración. La mancomunidad es la perceptora y la gestora del plan, para lo cual cuenta también con la opinión de los empresarios de la zona y lleva a cabo los procesos participativos necesarios.
Se trata de diseñar un plan estratégico de turismo que arranque con fuerza durante tres años en los que hay aportación directa tanto para inversiones como para creación de productos turísticos, posicionamiento y promoción. Un plan que debe tener voluntad de continuación e ir mucho más allá de estos tres primeros años, para convertirse en una oportunidad de futuro para muchas zonas del territorio valenciano.
Entre los catorce planes que en este momento tenemos puestos en marcha en la Comunidad Valenciana, cinco en la provincia de Castellón, está el del Palancia, gestionado por la Mancomunidad. Este plan, que fue uno de los primeros en ponerse en marcha, en 2016, está a punto de iniciar su tercer año. Gracias al mismo se han trabajado diferentes productos ligados al turismo de naturaleza, al cultural y al gastronómico, en una comarca que tiene importantes recursos y un gran potencial. Un plan que esperemos sea exitoso, que ofrezca oportunidades al territorio y a los emprendedores del mismo; un plan que ya está siendo un ejemplo de la importancia del trabajo en red, a través de mancomunidades, y de que los pequeños, si trabajan juntos, pueden resultar imparables, a pesar de todas las dificultades que la historia ha ido poniendo en su camino.
Josep Gisbert
Director de Estrategia Territorial Turística Agència Valenciana del Turisme
